De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2019) la región de América Latina y el Caribe vive en condiciones de inseguridad alimentaria promovida por un bajo crecimiento económico, los fenómenos climáticos graves, los modos no sostenibles de producción y consumo de alimentos, así como la transición demográfica, epidemiológica y nutricional; y ahora la pandemia causada por el nuevo Coronavirus, la cual, podría repercutir en un incremento del hambre y la pobreza.

En Yucatán se registraron 900 mil personas en condición de pobreza y 147 mil en pobreza extrema en 2018 (Bote, 2020). Estas cifras podrían aumentar como resultado de la pandemia y revertir los avances que se han desarrollado en materia de lo social. Mérida es el municipio más afectado por el coronavirus. Hasta el corte del 30 de julio existen 5344 confirmados por coronavirus, de los cuales 22.75% presentan hipertensión, 20.77% obesidad, 14.39% diabetes y 5.33% tabaquismo.

Ante ello, y en condiciones de pandemia el gobierno del estado de Yucatán, la sociedad civil (ciudadanía y empresarios) ha generado una serie de acciones para salvaguardar la alimentación y la salud de las personas. ¿Han sido suficientes estas estrategias? Nuestro interés es identificar posibles redes entre órganos gubernamentales y sociedad civil, con la finalidad de conocer las zonas de vulnerabilidad ante el COVID-19, y estar al tanto del contenido, continuidad e impacto de las diversas acciones en materia de seguridad alimentaria.